Justicia Adaptada a la Infancia: Un Proyecto de Investigación Interactiva

La entrada en vigor en junio de 2021 de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) ha supuesto un gran avance en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en España, convirtiendo a España en el primer país del mundo con una legislación de este calado. La aprobación de esta ley marcó el principio de un cambio de paradigma que debemos afrontar como sociedad para erradicar la violencia contra la infancia en nuestro país y puso de manifiesto la necesidad de articular todos los mecanismos a nivel estatal, autonómico y local que la ley ha introducido para prevenir la violencia. Tres años después de su entrada en vigor solo se ha creado un Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, y está en Canarias.

José M. Rodríguez Pellejero, Profesor Contratado y Doctor del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos ofrece en esta entrevista una amplia visión de un innovador proyecto multidisciplinar e interactivo que sitúa a Canarias en la vanguardia de la protección integral del menor.

¿Qué inspiró el inicio de esta investigación sobre la justicia adaptada a la infancia?

La necesidad de realizar esta investigación surge con la creación del primer juzgado de lo penal especializado en violencia hacia la infancia y la adolescencia de España (en adelante el Juzgado Piloto). En el año 2014, el pianista español James Rhodes compartió públicamente su propia experiencia como víctima de abuso sexual infantil y esto tuvo gran repercusión en nuestro país. Rompió con uno de los grandes tabúes, las agresiones sexuales hacia los niños, tal vez sin pretenderlo, hizo de catalizador del cambio social, puso el foco sobre este problema y sobre los derechos de los menores.

El 5 de junio del año 2021 sucede algo muy importante en materia de protección a la infancia. Se aprueba la que entonces se llamó “Ley Rhodes”, en alusión al pianista. En realidad, se llama Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, y se la conoce también como “LOPIVI”. La LOPIVI establece medidas de prevención y detección, por ejemplo, obliga a los profesores, al personal sanitario y a todos los profesionales que trabajan con menores a denunciar cualquier sospecha de abuso. Pero también establece medidas de protección, como la obligatoriedad de realizar la “Prueba Preconstituida” siempre que las víctimas sean menores de 14 años, o cuando sean personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Se pretende evitar con esto la re-victimización judicial de los menores.

La LOPIVI establecía un periodo de un año para crear los Juzgados de Violencia contra la Infancia y Adolescencia. La ley exige la creación de juzgados de lo penal que sean Child-Friendly, es decir, que proporcionen un entorno judicial adaptado y seguro, con unos procedimientos también adaptados que minimicen el trauma en los niños y adolescentes victimizados.

Esto era una buena noticia en el año 2021, pero tres años después solo se ha creado un Juzgado de Instrucción especializado en infancia y adolescencia. Este Juzgado Piloto se encuentra en Canarias, se trata del Juzgado de Instrucción número 3 del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Qué circunstancias han sido determinantes para que el primer Juzgado Piloto se haya creado en Canarias?

Puede que en este juzgado de instrucción se dieran las mejores condiciones para una experiencia piloto de este tipo. El primer Juzgado adaptado se crea a iniciativa del Magistrado de carrera D. Tomás Martín Rodríguez, titular de este Juzgado de Instrucción en Las Palmas. Los proyectos innovadores triunfan gracias a contribuciones grupales, pero muchas veces nacen gracias a iniciativas individuales o personales. Este Primer Juzgado Especializado es un proyecto personal de un magistrado que tiene una reconocida trayectoria de innovación judicial y una formación especializada en prevención y tratamiento del maltrato infantil. Este magistrado coincidió en el espacio y tiempo con un importante equipo de letrados y forenses: abogadas, médicos y psicólogas, que no sólo compartían el deseo de innovar en justicia hacia la infancia, sino también la visión de una justicia basada en la evidencia científica. Casi al mismo tiempo que nace el nuevo juzgado especializado nace la necesidad de acompañar esta experiencia Piloto de una investigación científica. Así llegaron a contactar con mi equipo de investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: “queremos que nuestras prácticas judiciales se basen en evidencias científicas, no en opiniones”, nos dijeron en la primera reunión con el equipo de investigación.

¿Cuáles son los objetivos principales y las áreas de investigación clave en este proyecto?

La idea de que la toma de declaración judicial produce elevados niveles de estrés a los menores está muy generalizada, y se asocia con una re-traumatización. Pero algunos autores como Carretta y García-Quiroga (2021) sostienen que la participación en procesos judiciales no es intrínsecamente traumática para los menores, sino que depende del entorno y los procedimientos.

Nosotros no teníamos dudas de que algunas experiencias judiciales pueden ser traumáticas para los menores, pero nos preguntamos si realmente los menores que acuden a declarar a la moderna sala Gesell del juzgado adaptado de Las Palmas estaban sometiéndose a niveles perjudiciales de estrés. También nos preguntamos si los menores que llegaban a declarar venían con diferentes niveles de ansiedad basal, esa ansiedad que se asocia al daño sufrido por la agresión y que termina por incorporarse a la propia personalidad como un rasgo más. Y si había un perfil de menores que se beneficiaba más de este tipo de justicia adaptada que otros. Pero la gran pregunta que nos hacíamos era si se estaba reduciendo la victimización secundaria en este nuevo juzgado.

A partir de ahí nos planteamos tres objetivos:

– Analizar los niveles de estrés agudo en los niños que testifican en un tribunal adaptado.

– Evaluar los niveles de ansiedad rasgo de los menores y la relación de esta ansiedad basal con el tipo de agresión y el vínculo víctima-agresor.

– Evaluar los tiempos procesales, una variable también relacionada con la re-vitimización.

¿Cómo se llevó a cabo el proyecto de investigación y qué metodologías se utilizaron para evaluar el impacto del juzgado adaptado?

Para saber si los menores que acudían a declarar a la moderna sala Gesell se estaban sometiendo a niveles perjudiciales de estrés tomamos dos tipos de medidas. Una medida de ansiedad situacional usando cuestionarios y una medida de estrés en tiempo real. Para medir el estrés en el tiempo real usamos una Smart-Band que medía Frecuencia Inter-cardíaca, o HRV, que es un indicador biológico del estrés. Esta banda inteligente que llevaban los niños desde su llegada al juzgado era un instrumento de protección, no sólo de investigación. Un miembro del equipo monitoreaba los niveles de estrés de los menores y en caso de elevarse a niveles perjudiciales se adaptaba el procedimiento, pudiendo incluso modificar o interrumpir la entrevista forense, siempre en interés superior del menor. El Smart-band se convirtió en un instrumento de protección del menor que permitía adaptar aún más los procedimientos, no sólo a la edad del menor, sino también adaptarlos a su nivel actual de estrés. Algo muy novedoso.

Para saber si existían distintos perfiles de menores en función de la ansiedad como rasgo de personalidad, o ansiedad basal, y si había un perfil de menores que se beneficiaba más de este tipo de justicia adaptada que otros, utilizamos un cuestionario de Ansiedad Rasgo. En base a sus rasgos de ansiedad, al tipo de agresión sufrida, y a la relación de la víctima con su agresor establecimos diferentes perfiles de víctimas que evidenciaron diferentes niveles de ansiedad a la hora de prestar declaración.

El último objetivo fue el más fácil pero no el menos importante, medir y comparar los tiempos procesales. Simplemente comparamos los tiempos procesales de dos grupos de víctimas de violencia sexual, un grupo cuya instrucción se realiza en el juzgado Piloto, el juzgado adaptado, y otro grupo cuya instrucción se realizó en otros juzgados ordinarios.

¿Quiénes han hecho posible que se lleve a cabo la investigación? ¿Considera que la colaboración público-privada ha sido determinante para su desarrollo?

Todo esto no hubiese sido posible sin la sensibilidad de profesionales del mundo de la justicia, pero tampoco sin el apoyo institucional del Gobierno de Canarias, que a través de su Consejería de Justicia no tuvo reparos en anticiparse en el cumplimiento de la LOPIVI. La iniciativa del Juzgado Adaptado es gubernamental, de titularidad pública, y es justo reconocerlo. Pero el proyecto de investigación y su continuidad se debe fundamentalmente al apoyo que la Fundación MAPFRE Canarias ofreció a mi equipo de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin el respaldo económico de esta fundación la investigación no podría haber tomado la dimensión que finalmente tomó, y los resultados no hubiesen sido los mismos.

Me parece que este proyecto es un buen ejemplo de colaboración entre entidades públicas y privadas en beneficio de la ciencia, y en este caso también en el beneficio de los menores que han sufrido la violencia más cruel.

¿Quiénes son los principales beneficiarios de esta investigación y cuál es su impacto potencial en la sociedad?

Los beneficiarios directos son los propios menores que testifican como víctimas o testigos en casos de violencia, y también sus familiares. No son beneficiarios sólo del resultado, sino también del proceso de investigación. Este proyecto se planteó desde el inicio como un proyecto de investigación-acción prevención. Lo que quiere decir que no solo se investigaba la victimización secundaria, sino que, al mismo tiempo, se intervenía para reducirla. Miembros del equipo de investigación aportaban ideas para la prevención de la victimización, como la del uso del Smart-band para prevenir daño, y miembros del Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses, junto con miembros de la administración de justicia, aportaron ideas y medios para la investigación. A largo plazo, muchos niños y niñas que tengan que pasar por este proceso se beneficiaran de los resultados de la investigación y, por extensión, toda la sociedad es beneficiaria indirecta de esta investigación, que valida un sistema de justicia más justo, contribuyendo a una sociedad más justa. Pero, lo que hemos podido constatar a día de hoy es que, los menores que pasaron por aquí durante la investigación ya se han beneficiado de ella; de una especial protección.

¿Por qué es tan importante esta investigación para la justicia adaptada a menores y personas con discapacidad?

La iniciativa de justicia innovadora y adaptada a la infancia es el logro importante, este Juzgado Piloto cuenta ya con el reconocimiento social y varios premios, como por ejemplo el de Justicia más accesible del CGPJ. Pero la investigación realizada en paralelo no tiene una importancia menor. La publicación de nuestros resultados en revistas científicas de máximo impacto tendrá sin duda una repercusión internacional. Nuestros resultados dan apoyo científico a las nuevas políticas judiciales de la Unión Europea, más juzgados Child-Friendly deben seguir creándose. La evidencia científica demuestra que los entornos adaptados mantienen el estrés en niveles saludables, y que los procedimientos adaptados reducen los tiempos procesales y la victimización secundaria.

Sin duda el futuro de la justicia debe ser hacia la especialización, una justicia penal más justa es una justicia penal adaptada a la infancia.

¿Existen antecedentes o estudios similares a nivel nacional o internacional que puedan compararse con esta iniciativa?

En España existen muchos juzgados sensibles a la infancia que han adoptado algunas medidas para adaptar la justicia a los menores. También hay iniciativas privadas, asociaciones de protección a las víctimas que ofrecen su apoyo a los jueces que así lo requieran. Pero en España, y en Europa, no hay un juzgado Especializado en violencia hacia la infancia como el de Canarias. No estamos ante un juzgado que toma algunas medidas o que colabora con alguna asociación de protección al menor. Estamos ante un juzgado que es el protector del menor. Para encontrar una experiencia similar tenemos que irnos hasta Nueva Zelanda, donde existe una experiencia piloto similar (Randell et al., 2022), pero no igual. En la experiencia española encontramos elementos absolutamente innovadores para proteger a los menores como es, por ejemplo, el uso de Smart-band o la toma de declaración directamente en el hogar familiar del menor, este Juzgado Piloto cuenta también con el hito en materia procesal de ser el primero en tomar declaración a una víctima menor de edad desde su propio domicilio. Si me preguntas por estudios similares te tendré que decir que no existen. Hemos encontrado estudios que hablan del estrés sufrido por los menores en base a encuestas realizadas a padres, profesionales o autoinformes de las propias víctimas, pero esta es la primera investigación que mide el estrés en tiempo real a partir de biomarcadores, en una situación real de toma de declaración, y con victimas reales. Esta experiencia piloto es única en el mundo.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos o desafíos encontrados durante el proceso de investigación?

Hemos encontrado sobre todo facilidades, más que obstáculos. Cuando se trata de beneficiar a niños y niñas que han sufrido maltrato todo el mundo está dispuesto a ayudar. El Gobierno, la Universidad, los profesionales, y especialmente los familiares o las propias víctimas. Me llamó mucho la atención que cuando se ofrecía la participación a familiares y menores en esta investigación nadie rehusó hacerlo, todos dieron su consentimiento una vez que se garantizaba el anonimato, lo veían como un beneficio para ellos y como una forma de ayudar a los que vengan detrás. El único riesgo, o el principal obstáculo, fue siempre la falta de financiación del proyecto, que se traduce en falta de personal, falta de medios, etc. Por eso, cuando la Fundación se ofreció a financiarnos no pudimos evitar pensar que algo funcionaba bien en esta sociedad, todavía los niños y las niñas siguen siendo un valor en nuestra sociedad y aquí no hay disputa público-privada, sino colaboración.

¿Cuáles han sido las principales conclusiones extraídas de la investigación?

Las principales conclusiones de nuestro primer estudio pueden ser consultadas en un artículo de reciente publicación, titulado: Real-time stress monitoring in a child-friendly court: a repeated measures field study. En este artículo concluimos que los niveles de estrés observados durante los testimonios no alcanzaron niveles considerados perjudiciales para la salud de los niños. Sin embargo, encontramos que ciertamente la experiencia de declarar en una Sala Gesell sobre las agresiones sufridas aumenta los niveles de estrés. Dado que este estrés puede mantenerse en niveles no perjudiciales, nuestro estudio respalda la nueva Política Judicial Europea, que aboga por crear tribunales que garantizan un entorno y un lenguaje amigables para los niños.

En un segundo artículo titulado: Profiles of testifying child victims: situational anxiety in a child-friendly court, que se encuentra a la espera de decisión del editor para su publicación, concluimos que existían diferentes perfiles de menores que testifican por violencia, y que los perfiles de violencia sexual intrafamiliar eran los que presentaban mayor vulnerabilidad al estrés judicial, siendo también los que más se podían beneficiar de este tipo de justicia adaptada.

En un tercer estudio, que presentaremos en un artículo como Estudio de Caso, tomamos como caso al propio Juzgado Piloto, y evidenciamos que este juzgado adaptado a la infancia reduce la victimización secundaria de varias formas, pero fundamentalmente reduciendo los tiempos procesales. Encontramos diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de dilación entre la denuncia policial y la Prueba Preconstituida. Los menores cuyas instrucciones se llevaron a cabo desde la justicia ordinaria tardaron una media de 6,5 meses más que los menores y adolescentes del grupo de Justicia Adaptada en ser explorados en Prueba Preconstituida.

¿Qué indicadores de éxito se han identificado en este proyecto de investigación?

El éxito de una investigación se debe medir en nuevos conocimientos, en lo que llamamos evidencias científicas. Ahora sabemos que los juzgados adaptados reducen la victimización secundaria al menos por dos mecanismos:

a) Reduciendo tiempos de espera. Al reducir los tiempos de espera anteriores a la recogida del testimonio se reduce también la ansiedad anticipatoria y se recuperan huellas de memoria de mejor calidad, lo que facilita sentencias más justas y reparadoras.

b) Adaptando su entorno y sus procedimientos. De esta forma se reducen los niveles de estrés de los menores, evitando el bloqueo emocional y permitiendo la recuperación de recuerdos más completos y detallados. Esto evita el estrés perjudicial para la salud y facilita sentencias más justas y reparadoras.

Sabemos que la experiencia de declarar puede no ser dañina. Sabemos que la justicia es inclusiva cuando facilita la presencia, la participación y el aprendizaje de los menores y de las personas con discapacidad. Y que es reparadora cuando emite sentencias justas y proporcionadas. Ahora sabemos también que para conseguir sentencias más justas se tienen que adaptar los entornos, los procedimientos y el lenguaje judicial.

Desde su perspectiva, ¿qué pasos debe dar la sociedad para mejorar la protección de menores y personas con discapacidad en el ámbito judicial?

Tenemos que avanzar en mejorar la participación de los menores, de los adolescentes y de las personas con discapacidad intelectual. En esta línea, si queremos reducir la victimización la justicia tiene que ser, no solo protectora sino reparadora. Para esto se requieren investigaciones exhaustivas, que se adapten a la infancia y la adolescencia, así los menores nos facilitarán mejores declaraciones. Los procedimientos judiciales no deberían basar sus mecanismos de protección en reducir sistemáticamente la participación de los menores en el procedimiento judicial. Pensamos que esto es una forma errónea de entender la protección del menor y de las personas con discapacidad.

La protección no puede ser únicamente evitar declaraciones reiteradas, el futuro no es reducir la participación, sino hacerla menos traumática y más efectiva. Para ello hace falta más investigación, más ciencia en la justicia y más justicia en la ciencia.